Labor

Este artículo de Lev M. Velázquez Barriga apareció originalmente en la edición del 5 de enero de 2026 de La Jornada, el principal diario de izquierda de México. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las de Mexico Solidarity Media o del Mexico Solidarity Project.

A mediados de diciembre se celebró en Caracas el Primer Congreso Latinoamericano, Caribeño y Mundial de la Clase Trabajadora en Defensa de la Paz. A pesar de que varias delegaciones no pudieron asistir y otras se vieron obligadas a realizar largos trayectos por tierra a través de las fronteras de países aliados, debido al bloqueo marítimo y satelital impuesto por Estados Unidos al espacio aéreo venezolano y a la colusión con las aerolíneas comerciales. El Congreso tuvo lugar en un contexto de diversos procesos que contextualizan el conflicto en Venezuela, sobre los cuales me gustaría ofrecer algunas observaciones.

La guerra cognitiva y de comunicaciones, coordinada por medios de comunicación imperialistas, ha sido fundamental para implantar la idea de una dictadura narcoterrorista que gobierna en contra de la voluntad popular y en medio de la miseria de un pueblo sometido. Esto ha servido para manipular la opinión pública y justificar las incursiones de mercenarios estadounidenses para robar hidrocarburos y la posterior apropiación de todas las instalaciones petroleras venezolanas, como si fueran actos de justicia. De manera similar, la intervención militar llevada a cabo en las primeras horas del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro (en el que aproximadamente 30 personas que organizaban la resistencia fueron asesinadas) se han presentado como un mal necesario para garantizar las supuestas libertades económicas y políticas de la población.

En contraste, Venezuela se encuentra en camino a la recuperación económica, reorganizando su base productiva para lograr la sustitución de importaciones y la soberanía tecnológica, y promoviendo un modelo de producción comunal y emprendimiento cooperativo para impulsar la economía desde abajo. No es coincidencia que la CEPAL la haya calificado como el país de mayor crecimiento en toda América Latina. Esto se evidenció en la normalidad de la vida diaria en plazas y calles, gasolineras, centros comerciales, lugares de vacaciones y locales nocturnos, demostrando la ausencia de una crisis profunda, escasez, ansiedad y descontento generalizado.

Se ha avanzado en un camino de reestructuración democrática y coordinación de los órganos de gobierno institucionales, formas de participación ciudadana y consulta activa, y vínculos con sindicatos, organizaciones sociales y comunas para consolidar el poder popular y un modelo socialista renovado. Este proceso culminará en los primeros meses de 2026 con un Congreso Constituyente y una refundación constitucional, precedido, en el sector obrero solo, por 22.000 asambleas de base hasta la fecha. Tal evento es aborrecible para el imperialismo norteamericano, que acusa al país de dictadura pero declara unilateralmente guerras ilegales, ignorando la consulta obligatoria al parlamento y la opinión de su población.

Simultáneamente, ya se lanzó la estrategia integral de seguridad, en la que no solo se prepararon las condiciones militares estratégicas para contener la inminente invasión estadounidense, y los acuerdos de cohesión y protección de las policías y los gobiernos provinciales; sino también, para enfrentar una guerra asimétrica en condiciones de desigualdad tecnológica, cibernética y digital que ya tuvo su primer gran impacto en el secuestro presidencial y la masacre en el asalto al Palacio de Miraflores. Por estas razones, la defensa popular en cada territorio es una posibilidad latente motivada por el patriotismo encarnado en el anhelo bolivariano de una América libre.

Para implementar la estrategia de defensa territorial y popular, los sindicatos propusieron al gobierno de la república, presente en el congreso internacional e involucrado en el proceso de construcción de consensos para la asamblea constituyente, su apoyo a la formación de milicias en cada lugar de trabajo y un mando liderado por los líderes sindicales. A finales de año, casi 5 millones de trabajadores rurales y urbanos se habían alistado. Aunque nada es seguro, sostener la invasión para apoderarse de los activos del Caribe o la ya declarada imposición de un gobierno neocolonial sería extremadamente difícil en estas condiciones.

A esta compleja situación se suman las medidas vacilantes e insuficientes adoptadas por los gobiernos nacionales de todo el mundo y las organizaciones multilaterales para garantizar la paz; por lo tanto, el llamado del Congreso de Caracas a la solidaridad activa y la unidad internacional de la clase trabajadora contra la guerra global de ocupación desatada por el liderazgo terrorista encabezado por el gobierno estadounidense es de suma importancia.

La propuesta de diplomacia obrera exige coordinación en defensa de la autodeterminación nacional, y cooperación y solidaridad entre organizaciones de trabajadores nacionales e internacionales para fomentar el respeto entre los países. Sin embargo, la conclusión es que se requieren medidas ofensivas simultáneas, incluidas movilizaciones y tácticas de presión sincronizadas, para ir más allá de las meras condenas de los estados con respecto a las sanciones, las rupturas comerciales y diplomáticas, y la formación de brigadas bolivarianas de información y organización para librar la batalla cultural contra el neocolonialismo.

El desafío es recuperar la centralidad, la unidad y el papel de liderazgo de la clase trabajadora; esto implica desafiar la pasividad relativa de organizaciones como la Federación Mundial de Sindicatos, sus afiliados y miembros, incluidos aquellos que se han declarado antiimperialistas, pero que, dentro de la diversidad de la izquierda, no convergen en un esfuerzo único de movimientos sociales, de trabajadores y de educadores.

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  Helena Monzón, hermana y abogada de la víctima, celebró el fallo contra López Zavala, encontrado responsable como el cerebro, junto con los perpetradores Silvestre Vargas Ruiz y Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político.

  
  

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